El oficialismo también buscará modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La propuesta apunta a redefinir qué zonas periglaciares deben protegerse estrictamente y cuáles podrían habilitarse para actividades económicas.
🔬 ¿Qué cambia?
Actualmente, la norma protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares (suelos congelados, roca y sedimentos con función hídrica).
El proyecto del Ejecutivo introduce una distinción:
- Se mantienen protegidos los glaciares.
- En áreas periglaciares, solo quedarían blindadas aquellas con función hídrica comprobable.
Es decir, no todo el territorio periglaciar estaría vedado a la minería o hidrocarburos.
⚖️ Provincias vs. organismo técnico
La diferencia central entre el proyecto del Gobierno y el de la UCR radica en quién define las zonas protegidas:
- El Ejecutivo propone que las provincias tengan la facultad de determinar qué áreas proteger.
- El proyecto alternativo le otorga poder exclusivo al IANIGLA.
El Gobierno fundamenta su postura en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.
🌱 Apoyos y resistencias
La reforma cuenta con respaldo de gobernadores de provincias mineras, que buscan flexibilizar la normativa para atraer inversiones.
En cambio, organizaciones ambientalistas, sectores de la oposición y la Iglesia expresaron su rechazo. Argumentan que la modificación implicaría una “regresión ambiental” y podría vulnerar compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
El debate no es técnico solamente: enfrenta dos modelos de desarrollo. Uno que prioriza la explotación de recursos para dinamizar la economía y otro que sostiene la protección estricta de ecosistemas estratégicos para la provisión de agua dulce.
El Senado se prepara así para una jornada que puede redefinir tanto la inserción comercial del país como el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental.
