El Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone un nuevo régimen de sanciones contra la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina, además de introducir cambios en materia de defensa, seguridad e infraestructura crítica.
La propuesta crea un Consejo de Seguridad Nacional, establece mecanismos para actuar frente a amenazas externas, incorpora herramientas para la protección del espacio aéreo y marítimo y endurece las disposiciones frente a determinadas formas de injerencia extranjera.
El proyecto también eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y plantea modificaciones sobre el actual esquema de Defensa Nacional.
🇦🇷 1. Penas más duras por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los principales capítulos propone reemplazar el régimen vigente de la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
Las restricciones dejarían de concentrarse exclusivamente en los hidrocarburos para alcanzar el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables en Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina.
El alcance también incluiría a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las compañías involucradas. Las penas contempladas en el proyecto llegan hasta los 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
💼 2. Empresas sancionadas no podrán operar en Argentina
Las compañías alcanzadas por las sanciones podrían quedar inhabilitadas para desarrollar actividades económicas en el país.
La medida podría implicar la revocación de habilitaciones, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales y la rescisión de contratos.
Además, se prevé la creación de un registro público de infractores. El Estado y los particulares no podrían contratar con las personas o empresas incorporadas a ese listado.
El proyecto también contempla la aplicación del juicio en ausencia para los delitos incluidos dentro del nuevo régimen.
🛡️ 3. Creación del Consejo de Seguridad Nacional
La iniciativa crea un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente.
Entre sus integrantes permanentes estarán el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, representantes de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá como objetivo coordinar las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas. El Gobierno presentó este esquema como parte de un sistema destinado a coordinar las capacidades estatales frente a amenazas externas.
✈️ 4. Uso de la fuerza en el espacio aéreo y marítimo
Otro capítulo establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles.
El mecanismo contempla distintas etapas, desde la identificación y las advertencias hasta una demostración de fuerza. Como último recurso, se prevé el uso de la fuerza mediante una orden expresa del Presidente, facultad que podría ser delegada en el ministro de Defensa.
Para los buques se establece igualmente una respuesta progresiva, que podría incluir persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización.
El hundimiento tendría carácter excepcional y requeriría autorización presidencial. Además, no podría utilizarse como sanción contra un buque civil ni únicamente para evitar su fuga.
🌎 5. Medidas frente a amenazas externas
El proyecto también habilita respuestas económicas y financieras ante una amenaza grave e inminente proveniente del exterior.
Entre las herramientas previstas aparecen restricciones sobre operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de determinadas autorizaciones o contrataciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.
También podrían modificarse temporalmente derechos aduaneros.
Estas decisiones deberán estar fundamentadas, tener una duración determinada y finalizar cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su aplicación.
🗳️ 6. Restricciones a la influencia extranjera
La iniciativa propone además prohibir aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
También incorpora figuras vinculadas con la revelación de información secreta a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia.
El texto contempla asimismo acciones realizadas por cuenta o con financiamiento extranjero destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, además de la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje.
🚨 El RePET pasaría a tener rango legal
El proyecto completa el nuevo esquema con modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y la incorporación por ley del RePET.
El registro contempla medidas como la inmovilización de bienes y restricciones sobre operaciones económicas y financieras de personas o entidades incorporadas por su vinculación con actos de terrorismo o su financiamiento.
Con el ingreso del proyecto a Diputados, el Gobierno deberá ahora iniciar la negociación parlamentaria para conseguir los votos necesarios. La iniciativa fue anunciada por Milei a comienzos de septiembre y reúne en un único paquete medidas relacionadas con Malvinas, recursos naturales, defensa, inteligencia, seguridad nacional y protección del espacio aéreo y marítimo.
