Un grupo de legisladores de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para citar al canciller Pablo Quirno a la Cámara de Diputados y que brinde explicaciones sobre el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el pasado 5 de febrero.
La iniciativa fue impulsada por Eduardo Valdés, acompañado por Jorge Taiana, Santiago Cafiero y otros legisladores del espacio.
⚖️ El fallo de la Corte Suprema de EE.UU. como punto crítico
Valdés cuestionó que el acuerdo se haya firmado cuando ya existían fallos de primera y segunda instancia que limitaban la facultad del entonces presidente Donald Trump para imponer aranceles.
La polémica se profundizó tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró que la política arancelaria constituye una atribución legislativa indelegable y no puede ser ejercida unilateralmente por el Poder Ejecutivo.
Según Valdés, ese fallo “modifica sustancialmente el contexto jurídico del acuerdo” y genera incertidumbre sobre la estabilidad de eventuales concesiones comerciales otorgadas por Estados Unidos.
📉 Riesgos institucionales y productivos
El proyecto solicita información detallada sobre:
- Impactos arancelarios
- Consecuencias regulatorias
- Efectos productivos y laborales
- Posibles implicancias ambientales
Además, exige la remisión al Congreso del texto completo del acuerdo y sus anexos, con el objetivo de garantizar transparencia y control parlamentario.
El diputado advirtió que Argentina podría asumir compromisos estructurales frente a un marco institucional estadounidense cuya política comercial fue objetada judicialmente por exceso de atribuciones.
🌎 Debate sobre soberanía y control legislativo
En los fundamentos, los legisladores sostienen que el Congreso debe ejercer plenamente sus facultades constitucionales de supervisión sobre los tratados internacionales, especialmente cuando podrían afectar sectores sensibles como la industria nacional, las economías regionales y la soberanía regulatoria.
El planteo abre un frente político adicional en torno a la política exterior y comercial, en un contexto donde cada acuerdo internacional no solo se mide por su impacto económico inmediato, sino por su arquitectura jurídica y sus efectos a largo plazo sobre la autonomía del Estado.
