El Gobierno nacional echó a un funcionario del Ministerio de Justicia que autorizó a la administración porteña a comprar pistolas Taser para la Policía de la Ciudad.
El protagonista es Ramiro Urristi, que ocupaba el puesto de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. La ANMaC, como se la conoce por su sigla, es el organismo renombrado de lo que fuera el Registro Nacional de Armas (ReNAr).
En medio de la grieta sobre las Taser -que incluso marca diferencias dentro del oficialismo-, el funcionario echado habilitó el 10 de mayo pasado la compra de 60 «armas electrónicas incapacitantes» (Taser X2) con destino preciso: la fuerza policial de Horacio Rodríguez Larreta.
«Por medio de la presente, me dirijo a usted a efectos de presentar mi renuncia, a partir del día de la fecha, al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)», dice la carta enviada al ministro Martín Soria.
«Agradezco la confianza brindada y aprovecho la ocasión para saludarlo con distinguida consideración», concluye la misiva dirigida a Soria, quien habría sido quien le solicitó la renuncia.
