El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que declaró inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y que obligaba al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa aprobada por el Congreso.
La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, contra la decisión del juez Martín Cormick, quien había dejado sin efecto el Decreto 759/2025.
En su recurso, el Ejecutivo sostuvo que la sentencia genera un “gravamen irreparable” y cuestionó la interpretación judicial del régimen presupuestario.
El principal argumento oficial es que la implementación de la ley implica un compromiso de recursos públicos de gran magnitud que, según el Gobierno, podría afectar el equilibrio fiscal al no contar con una fuente de financiamiento específica y suficiente.
La presentación abre un nuevo capítulo en el conflicto entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario público por los recursos destinados a la educación superior.
⚖️ El Gobierno busca revertir el fallo del juez Martín Cormick
La apelación presentada por Capital Humano apunta a dejar sin efecto la resolución que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025.
El juez Martín Cormick había cuestionado la decisión del Ejecutivo de frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenado avanzar con su cumplimiento.
Frente a esa resolución, el Gobierno presentó un recurso en el que sostiene que el pronunciamiento judicial presenta problemas de interpretación jurídica y presupuestaria.
Según el escrito oficial, la sentencia provoca “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”.
El Ejecutivo considera que la orden judicial de ejecutar la ley no contempla adecuadamente las normas que regulan el gasto público ni las defensas presentadas por el Estado durante el proceso.
💰 El equilibrio fiscal, en el centro de la apelación
Uno de los principales cuestionamientos del Gobierno está relacionado con el impacto económico de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que su aplicación “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”.
La cartera que conduce Pettovello argumentó que la normativa no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente” para afrontar las obligaciones que establece.
En ese sentido, el Gobierno considera que ordenar judicialmente su implementación sin resolver previamente la cuestión presupuestaria afecta el esquema de administración de los recursos públicos.
El planteo se vincula con uno de los ejes centrales del programa económico de Milei: mantener el equilibrio fiscal y evitar la ejecución de gastos que el Ejecutivo considere carentes de financiamiento suficiente.
📜 Qué cuestiona el Gobierno sobre la interpretación de la ley
La apelación también contiene objeciones jurídicas sobre los fundamentos de la sentencia.
El Ministerio de Capital Humano afirmó que el fallo ordena ejecutar la normativa “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable”.
Además, sostuvo que la resolución no respondió adecuadamente a argumentos centrales que el Estado había presentado durante el procedimiento judicial.
Desde la perspectiva oficial, el análisis de la Ley de Financiamiento Universitario debe realizarse considerando el conjunto de disposiciones que regulan la autorización, asignación y ejecución del gasto público.
Por ese motivo, la apelación solicita revisar la interpretación utilizada para declarar inconstitucional el decreto.
🏛️ El Gobierno cuestionó el amparo presentado por el CIN y la UBA
Otro de los puntos centrales del recurso está relacionado con la vía judicial utilizada para reclamar la aplicación de la ley.
El Gobierno cuestionó la procedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Según el Ministerio de Capital Humano, ese mecanismo no resulta adecuado para resolver definitivamente una controversia que involucra aspectos presupuestarios y jurídicos complejos.
En particular, la cartera sostuvo que el amparo no constituye una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.
El planteo oficial apunta a discutir no solamente el contenido de la sentencia, sino también el procedimiento judicial mediante el cual se llegó a esa decisión.
🎓 La disputa por los fondos de las universidades públicas
La apelación se produce en el marco del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema de educación superior.
La Ley de Financiamiento Universitario se encuentra en el centro de esa controversia debido a las obligaciones presupuestarias que establece y a la decisión del Ejecutivo de suspender su aplicación mediante el Decreto 759/2025.
La intervención judicial se produjo a partir del reclamo impulsado por el CIN y la UBA, que buscaron obtener una resolución que garantizara el cumplimiento de la normativa.
El fallo del juez Cormick representó una decisión favorable a ese planteo, al declarar inconstitucional el decreto cuestionado.
Sin embargo, el Gobierno decidió recurrir la sentencia y mantener abierta la discusión judicial sobre su implementación.
📊 Las leyes presupuestarias que cita el Ejecutivo
En su presentación, el Ministerio de Capital Humano hizo referencia a diferentes normas que regulan el funcionamiento de las finanzas públicas.
Entre ellas mencionó la Ley 24.629, que, según el planteo oficial, debe interpretarse de manera “armónica” con otras disposiciones del régimen presupuestario.
El recurso también cita la Ley 24.156, vinculada con la administración financiera del sector público, y la Ley 27.798.
El Gobierno sostiene que estas normas deben considerarse conjuntamente para determinar las condiciones bajo las cuales se autoriza y ejecuta el gasto público.
La discusión jurídica gira así en torno a cómo deben compatibilizarse las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario con las reglas generales de administración presupuestaria.
🚨 Grabois cuestionó a Sandra Pettovello
En paralelo con la disputa judicial, el dirigente y diputado Juan Grabois cuestionó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En medio de la controversia por la implementación de la ley universitaria, Grabois calificó a la funcionaria como “fanática de los desacatamientos judiciales”.
La declaración se sumó a las críticas políticas que recibió el Gobierno por su decisión de resistir judicialmente la aplicación de la normativa.
El cuestionamiento de Grabois refleja el enfrentamiento entre sectores opositores y el Poder Ejecutivo respecto de las obligaciones presupuestarias vinculadas con las universidades.
Por su parte, la administración nacional mantiene su argumento de que el cumplimiento de la ley debe ajustarse a las disposiciones que regulan el gasto público.
⚖️ Qué implica la apelación para la Ley de Financiamiento Universitario
La presentación del recurso significa que el Gobierno busca que una instancia judicial superior revise la decisión del juez Martín Cormick.
El objetivo oficial es revertir la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y cuestionar la orden de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La apelación no implica, por sí sola, que el fallo haya sido revocado ni determina automáticamente si sus efectos quedan suspendidos.
Esa cuestión dependerá de las decisiones procesales que adopte la Justicia durante la tramitación del recurso.
Mientras tanto, continúa abierta la controversia sobre las obligaciones del Estado nacional y los recursos necesarios para ejecutar la normativa.
🏦 La discusión entre las obligaciones legales y el presupuesto
El conflicto plantea una discusión sobre la relación entre las leyes aprobadas por el Congreso, las decisiones del Poder Ejecutivo y las reglas de ejecución presupuestaria.
Por un lado, la resolución judicial cuestionada por el Gobierno ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Por otro, el Ejecutivo argumenta que su implementación debe contemplar la disponibilidad de recursos y las normas que regulan el gasto público.
La posición del Ministerio de Capital Humano es que el fallo no analizó suficientemente esas condiciones y que su ejecución podría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
La revisión judicial deberá abordar los argumentos presentados por las partes y determinar el alcance de las obligaciones correspondientes.
🇦🇷 Un nuevo capítulo del conflicto entre Milei y las universidades
La apelación presentada por el Gobierno vuelve a colocar el financiamiento universitario en el centro de la agenda política y judicial.
La administración de Milei insiste en que la aplicación de la ley supone un impacto presupuestario significativo y cuestiona la ausencia de una fuente de financiamiento que considere suficiente.
El Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, en cambio, habían acudido a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la normativa.
Con el recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano, la discusión continuará en los tribunales.
El próximo paso será la revisión de los argumentos contra la sentencia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, en una controversia que enfrenta la obligación de aplicar la legislación universitaria con la interpretación oficial de las reglas presupuestarias y el objetivo gubernamental de mantener el equilibrio fiscal.
