El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad, luego de que la sentencia —dictada en diciembre de 2022 y ratificada en junio pasado— quedara firme.
Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que la medida alcanza 122 inmuebles identificados como instrumentos, productos del delito o activos incorporados durante el período de la maniobra investigada (2003–2015).
🧾 Un decomiso millonario
El monto fijado originalmente era de $84.835 millones, pero peritos contadores lo actualizaron a $684.990 millones, cifra que la Corte Suprema dio por válida. Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó ejecutar la realización y venta de los bienes.
🏘️ Qué bienes alcanzó la decisión
La orden incluye:
• Propiedades del empresario Lázaro Báez y de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto.
• Terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y CABA.
• Un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.
• Bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
El tribunal sostuvo que existió un circuito de beneficios indebidos derivado del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, con sobreprecios, cartelización y falta de controles, que generó un crecimiento patrimonial ilícito compartido entre Báez y la familia Kirchner.
🧑⚖️ Argumentos de la Justicia
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron las objeciones de las defensas y remarcaron que:
• El decomiso no requiere trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios ilícitos.
• La Convención de la ONU contra la Corrupción respalda la recuperación de activos como principio fundamental.
• Una interpretación restrictiva podría favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
Además, ordenaron inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y remarcaron que los fondos recuperados deberían destinarse a reparar el daño social, especialmente en Santa Cruz, donde hubo obras viales inconclusas.
🔎 El impulso de la fiscalía
El fiscal Diego Luciani había advertido semanas atrás que era necesario avanzar:
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Hay que ir por los bienes”.
Junto a su colega Sergio Mola, pidió al TOF 2 ejecutar de inmediato la suma solidaria de $684.990.350.139,86, equivalente a unos 500 millones de dólares.
📌 Con esta resolución, el caso Vialidad entra en una fase clave: la liquidación efectiva de los activos que la Justicia consideró producto del esquema de corrupción en la obra pública santacruceña.
