La Cámara de Diputados retomará este martes el debate en comisión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, una iniciativa impulsada por el Gobierno que contempla penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, amplía las facultades estatales frente a amenazas externas y crea un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
La discusión se produce además en medio de las repercusiones por un reciente fallo de la Corte Suprema relacionado con las restricciones a la venta de tierras a empresarios extranjeros.
El plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15.30, luego de que la reunión de la semana pasada terminara abruptamente tras un cruce entre el dirigente social Juan Grabois y diputados de La Libertad Avanza.
🏛️ Diputados vuelve a discutir el proyecto
La reunión será conducida por el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto con las diputadas libertarias Juliana Santillán, titular de Relaciones Exteriores y Culto, y Laura Rodríguez Machado, al frente de Legislación Penal.
La intención será continuar con el análisis de un proyecto de amplio alcance que incluye modificaciones en materia de Malvinas, defensa nacional, inteligencia, terrorismo, financiamiento político y seguridad nacional.
Antes de avanzar en el tratamiento legislativo, los diputados escucharán las exposiciones de especialistas convocados por las diferentes bancadas.
🎙️ Quiénes expondrán ante los diputados
Entre los invitados figura el exministro Daniel Filmus, además de especialistas y representantes de organizaciones vinculadas con la cuestión Malvinas.
También fueron convocados David Angueira, intendente de Punta Indio; Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM); Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas, y Paula Litvachky, del CELS.
Participarán además los especialistas de la Universidad de Buenos Aires Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.
A ellos se sumarán Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la UBA; Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario; Fernando Morales, perito naval y presidente de la Liga Naval Argentina, y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).
🇦🇷 Malvinas: penas de hasta 20 años por explotación de recursos
Uno de los capítulos centrales del proyecto está relacionado con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
La iniciativa propone endurecer las sanciones y establece penas que podrían alcanzar los 20 años de prisión para quienes participen en la explotación o cooperen con actividades de aprovechamiento de recursos sin autorización argentina.
También contempla la posibilidad de inhabilitar a las empresas involucradas para operar en Argentina.
El proyecto reemplazaría la actual Ley 26.659 y ampliaría considerablemente el alcance de las prohibiciones existentes.
🛢️ Las restricciones ya no alcanzarían solamente a los hidrocarburos
Uno de los principales cambios consiste en extender las sanciones más allá de la explotación petrolera y gasífera.
La nueva normativa alcanzaría a cualquier aprovechamiento no autorizado por Argentina de recursos naturales renovables y no renovables en las zonas alcanzadas por la legislación.
El objetivo es establecer un régimen más amplio frente a empresas o personas que participen de actividades económicas que el Estado argentino considere realizadas sin su autorización en los territorios y espacios marítimos involucrados en la disputa de soberanía.
📋 Crearán un registro público de infractores
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Público de Infractores.
Las personas físicas y jurídicas incorporadas a ese listado quedarían sujetas a diferentes restricciones.
Entre ellas, tanto el Estado como los particulares tendrían prohibido contratar con quienes se encuentren inscriptos.
De esta manera, el proyecto combina sanciones penales con consecuencias económicas y comerciales para quienes sean alcanzados por la normativa.
⚖️ El proyecto incorpora el juicio en ausencia
Otra de las modificaciones relevantes será la incorporación del juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva legislación.
La herramienta permitiría avanzar con determinados procesos judiciales aun cuando los acusados no se encuentren presentes, siempre dentro de las condiciones establecidas por la normativa aplicable.
Este punto forma parte de las modificaciones penales incluidas dentro de un proyecto que abarca diferentes dimensiones de la seguridad y la defensa nacional.
🛡️ Crearán un Consejo de Seguridad Nacional
El texto propone además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente de la Nación.
El organismo estaría integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica.
El Consejo tendría como función coordinar estratégicamente las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
También intervendría en cuestiones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas.
🚨 Qué medidas podría adoptar ante una amenaza grave
Uno de los capítulos de mayor alcance establece facultades para responder ante una amenaza grave e inminente.
El Consejo podría impulsar medidas urgentes que incluyen restricciones sobre operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y restricciones sobre importaciones y exportaciones.
También se contempla la posibilidad de elevar temporalmente derechos aduaneros.
Estas herramientas estarían vinculadas con situaciones consideradas amenazas para la seguridad nacional y quedarían sujetas al régimen establecido en la futura legislación.
✈️ Derribo de aeronaves y hundimiento de buques como último recurso
El proyecto incluye además una de sus disposiciones más sensibles: la posibilidad de recurrir al derribo de aeronaves o al hundimiento de buques considerados hostiles.
Según la iniciativa, estas acciones únicamente podrían utilizarse como último recurso, después de haber agotado las demás instancias contempladas dentro de un protocolo de actuación.
La incorporación de estas facultades será uno de los puntos que concentrará la atención durante el debate parlamentario debido al alcance de las medidas propuestas.
🗳️ Restricciones al financiamiento extranjero de la política
La iniciativa incorpora también modificaciones relacionadas con el financiamiento político.
El texto establece la prohibición de realizar aportes económicos a partidos políticos y campañas electorales por parte de extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras.
El objetivo declarado es restringir la intervención financiera proveniente del exterior dentro de los procesos políticos y electorales argentinos.
🕵️ Nuevos delitos vinculados con inteligencia extranjera
El proyecto incorpora además figuras penales relacionadas con actividades de inteligencia.
Entre las conductas alcanzadas aparece la revelación de secretos a Estados extranjeros o servicios de inteligencia de otros países.
También se penalizaría la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia.
El texto busca ampliar así las herramientas legales disponibles frente a actividades que puedan afectar la seguridad o los intereses estratégicos del Estado.
📱 Desinformación y operaciones para alterar procesos electorales
Otro capítulo contempla sanciones para determinadas acciones realizadas por cuenta o con financiamiento extranjero destinadas a alterar procesos electorales.
La iniciativa incluye entre esas conductas la manipulación de la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
También contempla la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje.
La aplicación concreta de estas figuras y su delimitación jurídica forman parte de los aspectos que deberán ser analizados durante el tratamiento legislativo.
🎖️ Cambios en las funciones de la Defensa Nacional
La propuesta redefine además aspectos relacionados con las funciones de la Defensa Nacional.
El proyecto habilita su intervención en cuestiones de seguridad interna cuando existan amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
La modificación busca adaptar el esquema de defensa a amenazas que, según los fundamentos de la iniciativa, no necesariamente provienen de las Fuerzas Armadas tradicionales de otro Estado.
💰 El RePET y la inmovilización de bienes
El proyecto también incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La inclusión en ese registro permitiría avanzar con la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar determinadas operaciones económicas o financieras con personas o entidades identificadas por su vinculación con actos de terrorismo o su financiamiento.
El mecanismo quedaría así integrado al nuevo esquema legislativo sobre defensa y seguridad nacional.
⚡ Un debate de amplio alcance vuelve a Diputados
El plenario de este martes retomará una discusión que quedó interrumpida la semana pasada y que reúne modificaciones sobre áreas muy diferentes del Estado.
La cuestión Malvinas y la explotación de recursos naturales constituye uno de los ejes centrales, pero el proyecto también propone cambios profundos en materia de defensa, inteligencia, financiamiento político, terrorismo y respuesta estatal ante amenazas.
Con penas que pueden llegar a 20 años de prisión, un registro de infractores, nuevas herramientas económicas ante situaciones de gravedad y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, la iniciativa volverá a quedar este martes bajo análisis de las comisiones de Diputados antes de avanzar hacia las siguientes etapas de su tratamiento parlamentario.
