Pasó un mes desde que Alberto Fernández firmó el decreto que restituía a Ana María Figueroa como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal. Ocurrió luego de que el oficialismo del Senado –por orden de Cristina Kirchner– aprobara su pliego aunque la Corte Suprema ya había resuelto que no era más jueza, ya cumplidos los setenta y cinco años de edad. Pese a todo, durante ese tiempo la magistrada no realizó ningún reclamo ante la Justicia, ni se presentó en Comodoro Py, ni intentó ocupar su despacho.
Recién en las últimas horas, y una elección presidencial de por medio, Figueroa pidió al Consejo de la Magistratura su inmediata reincorporación. Sin embargo, el reclamo, con tintes de manifestación política, difícilmente podría prosperar, advierten en el organismo judicial. Por otra parte, podría hacer ruido en el tramo final de la campaña de Sergio Massa rumbo al balotaje.
La jueza presentó una nota específicamente a la comisión de Selección de la Magistratura: “Se culminó el trámite constitucionalmente previsto y obtuve un nuevo nombramiento para mantenerme en mi función jurisdiccional. Esto ha sido turbado de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó y además del regreso a su antiguo cargo, reclamó que “se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de setiembre de 2023″.
