La Justicia Federal dio un paso clave en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): comenzó la apertura de servidores y dispositivos electrónicos de los directivos de la droguería Suizo Argentina.
La medida apunta a analizar chats, correos electrónicos y documentación digital vinculada a licitaciones y contrataciones públicas.
📱 Peritajes a los dueños de la droguería
Los principales dispositivos bajo análisis pertenecen a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker, propietarios de la firma.
Meses atrás, peritos judiciales habían advertido dificultades para acceder al contenido de uno de los teléfonos —un Samsung de última generación— debido a su tecnología de seguridad. Para destrabar el acceso, se recurrió al software forense especializado Cellebrite, herramienta utilizada internacionalmente en investigaciones penales complejas.
El objetivo es determinar si la droguería actuó como intermediaria en un esquema de presuntos sobreprecios y retornos para asegurarse contratos millonarios con el Estado.
🏛️ Procesamientos y acusaciones
El juez Sebastián Casanello ya dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
Los cargos incluyen:
- Asociación ilícita
- Fraude contra la administración pública
La investigación busca establecer si existió un sistema organizado para direccionar contrataciones y canalizar pagos indebidos.
🔄 Disolución de la ANDIS y reestructuración estatal
En paralelo al avance judicial, el Gobierno nacional dispuso la disolución de la ANDIS y transfirió sus funciones al Ministerio de Salud, donde se creó la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad.
La administración del presidente Javier Milei argumentó que la reestructuración apunta a reforzar la transparencia y mejorar la eficiencia en el manejo de recursos públicos.
👀 Menciones y controversias políticas
En el plano político, también surgieron menciones que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de la difusión de audios que sugerirían porcentajes de retornos.
Desde el entorno oficial niegan cualquier participación de la funcionaria y descartan preocupación por el avance de la causa.
La Justicia, por su parte, continúa el análisis de pruebas para determinar responsabilidades y eventuales vínculos con personas cercanas al oficialismo.
El peritaje digital será determinante. En investigaciones de corrupción moderna, los servidores y los teléfonos no son solo dispositivos: son archivos históricos de decisiones, conversaciones y trazabilidad financiera. Cuando la evidencia es electrónica, el silencio no siempre es ausencia; a veces es simplemente encriptación.
