Luego de idas y vueltas del Gobierno, el Régimen Penal Juvenil entrará este miércoles en la recta final del debate en la Cámara de Diputados. Desde las 10.30, el oficialismo buscará firmar el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, paso previo a la sesión convocada para el jueves a las 11.
El plenario reunirá a las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, bajo la conducción de la diputada Laura Rodríguez Machado. En la misma sesión del jueves también se prevé votar la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Según trascendió, el oficialismo no tendría dificultades para reunir las firmas necesarias junto a aliados e incluso podría sumar apoyos del Frente Renovador.
Marchas y contramarchas del Gobierno
Aunque existía un acuerdo para fijar la edad de imputabilidad en 14 años, el Poder Ejecutivo sorprendió al presentar el lunes un nuevo proyecto que bajaba el umbral a 13. La reacción negativa de los aliados obligó a la Casa Rosada a retirar la iniciativa horas después. Pese a ese episodio, la hoja de ruta no se alteró.
La trastienda del dictamen
El oficialismo no necesitaba enviar un nuevo proyecto para avanzar: el plenario podía dictaminar sobre cualquiera de los expedientes existentes e introducir cambios. El envío del texto propio buscó marcar liderazgo y dejar margen de negociación.
El principal punto novedoso era el financiamiento: más de $20.000 millones para la Defensoría General y más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia. Aunque el proyecto fue retirado, hay un compromiso político para que el dictamen incluya partidas específicas y fije la edad de responsabilidad penal en 14 años.
Claves de la reforma
El régimen elimina la posibilidad de reclusión perpetua para menores y establece un máximo de 15 años de prisión. Para delitos con penas menores o sin violencia grave, prioriza medidas socioeducativas, libertad asistida y tareas comunitarias por sobre la prisión efectiva.
La mirada del Ejecutivo
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a terminar con la “puerta giratoria” y a sancionar delitos cometidos por menores que hoy quedan impunes bajo la ley vigente. La iniciativa se alinea con la lógica de “el que las hace, las paga”, promovida por el presidente Javier Milei, y con una visión crítica del enfoque garantista tradicional.
