El Ministerio de Seguridad Nacional, a través del abogado de la cartera que conduce Patricia Bullrich, Fernando Soto, presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.
La Agencia Noticias Argentinas accedió al documento donde Soto confirma que la presentación se realiza “por orden expresa” de la ministra Bullrich y que, a juicio de la cartera, el dirigente habría cometido un delito al “amenazar” el orden constitucional, en línea con lo establecido en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal.
🗣️ Los dichos que originaron la denuncia
Según el escrito, Aguiar afirmó:
“Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno.”
El Ministerio interpretó esa frase como una incitación a afectar el mandato popular que ejerce el presidente Javier Milei, especialmente porque sus declaraciones surgieron en el marco del debate por el proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso.
Soto sostuvo en la denuncia que las palabras del sindicalista son “altamente reprochables”, ya que estaría llamando a “poner en crisis” al Gobierno y a interferir en el ejercicio legítimo de sus facultades democráticas.
⚖️ Fundamentos jurídicos: amenaza pública e idónea
El abogado del Ministerio consideró “plausible” formular una denuncia penal “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea” con la intención de impedir el libre ejercicio de las funciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
La acusación se basa en las figuras de Amenaza de Atentar contra el Orden Constitucional y la Vida Democrática, tipificadas en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.
📝 Pedido al Juzgado Federal
En el tramo final del documento, Soto solicita formalmente que el Juzgado Federal:
- Tome por presentada la denuncia contra Aguiar.
- Inicie un sumario penal para investigar el presunto delito.
El Ministerio sostiene que es necesario intervenir ante manifestaciones que, a su criterio, podrían constituir una afrenta al orden institucional en un contexto de fuerte tensión política y sindical por las reformas impulsadas por el Gobierno.
