La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió este jueves que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 debe continuar con la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin contar con respaldo económico suficiente.
La decisión puso fin a un conflicto de competencia que se había originado luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico. Sin embargo, la magistrada interina de ese juzgado rechazó inicialmente la intervención y devolvió el expediente, lo que derivó en la intervención de la Cámara.
📌 Qué resolvió la Cámara
La Sala I del tribunal consideró que los hechos investigados encuadran, en principio, en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal. En ese marco, sostuvo que no existen elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, por lo que la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en delitos vinculados al orden económico y financiero.
⚠️ Próximo paso
El fallo también indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial, es decir, determinar con precisión en qué jurisdicción corresponde continuar el proceso según el lugar donde se habrían cometido los hechos investigados.
🔍 Contexto del caso
La investigación gira en torno a la presunta utilización de una sociedad comercial para la compra de un inmueble sin que exista una correlación clara entre la operación y la capacidad económica declarada por los acusados, un patrón típico que suele analizarse en causas de lavado de dinero.
📂 Con esta resolución, la Cámara ordena que el expediente continúe su curso en el fuero penal económico, despejando el debate sobre quién debe investigar el caso y permitiendo avanzar en el análisis de fondo de la maniobra denunciada.
