El reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a ceder el 51% de las acciones de YPF, profundiza una política de Estado sostenida por varios gobiernos: agotar todas las vías legales sin negociar ni pagar a los demandantes 💼🇺🇸
🔹 El presidente Javier Milei anunció que apelará la decisión e incluso solicitó formalmente a la jueza que suspenda el fallo.
🔹 El Ejecutivo ratificó que no negociará con los acreedores hasta agotar la vía judicial.
🔹 Esta estrategia no es nueva: la compartieron los gobiernos de Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández, según el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
📉 Pero los resultados han sido negativos:
“Nunca nos ha dado buenos resultados. Por eso tenemos decisiones como la que vimos el lunes”, afirmó Maril.
⚠️ Riesgo de desacato:
Si Argentina no cumple ni apela con garantías, Preska podría declarar al país en desacato, lo que implica una fuerte señal negativa ante el mundo financiero 🌐💣
🗣 “Ahí ya se involucraría el Departamento de Estado de EE.UU.”, advirtió Maril.
🧾 Aunque esa sanción no está prevista para un Estado, puede derivar en multas y daños a la credibilidad global.
📌 Antecedente: en 2014, el juez Thomas Griesa ya declaró a Argentina en desacato en el caso de los holdouts. Fue la única vez en la historia que un país fue sancionado con esa figura.
🧩 Maril concluye que la clave está en los beneficiarios del fallo:
“La jueza Preska no hace nada sin que se lo pidan”.
