La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich defendió este miércoles el protocolo antipiquetes, que empezó a ser utilizado en los últimos días de diciembre del año pasado y que fue duramente criticado por el peronismo y la izquierda. Además, se refirió también a las modificaciones en los artículos de la Ley Ómnibus que hablan de resistencia a la autoridad.
“Nosotros queremos el orden económico, el orden social y el orden en las calles. Queremos que las fuerzas de Seguridad puedan trabajar sin sentir que van terminar presos de por vida y marcar que a la Policía no se la puede agredir, y que el que lo hace tiene consecuencias”, sostuvo la funcionaria.
Bullrich arrancó su presentación confirmando que el Gobierno había decidido que el artículo 331, que limitaba las reuniones de más de tres personas en la vía pública, sea eliminado de la Ley Ómnibus. “Se generó una confusión y preferimos sacarla”, explicó, y así dejó sin efecto mucha de las preguntas y críticas de los diputados de la oposición. Ese artículo había recibido cuestionamientos de todo el arco político por ser de aplicación inviable.
Uno de los ejes centrales de la alocución de la ministra fue la puesta en marcha del protocolo antipiquetes, que busca evitar los cortes de calles, liberar la circulación y, en el caso de que se quieran hacer protestas en la vía pública, que sean avisadas de antemano y que haya una seguro de caución para cobrarles a los organizadores eventuales daños.
“La situación de los cortes permanentes es imposible para la convivencia social y ha generado muchos problemas en la vía pública. Entre el 2009 y el 2023 hubo más de 80.000 piquetes, según una estadística privada. Es imposible”, indicó la ministra.
En ese sentido, contó que la Ley Ómnibus genera una reforma en la ley de tránsito y que aumenta las pena. Actualmente aquellas personas que cortan las calles pueden sufrir una condena penal de un mínimo de tres meses a un máximo de 2 años. La intención del Gobierno es llevarla de un año de mínimo a tres años y medio. Penas que se agrandan si aquellos que realizan el corte están armados con palos, lanzas o caños.
Bullrich apuntó en ese momento a los movimientos sociales y habló de la “figura de organizador”, al que definió como la persona que intercede entre las familias, los planes sociales y las convocatorias a las protestas. Y aclaró que para ellos habrá una pena mayor. “Son sectores que quieren piquetes permanentes”, sostuvo.
Además, dijo que el sistema de denuncias al número 134 recibió cientos de llamados que fueron derivados al ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, y a la justicia, donde figuran los nombres de los organizadores de las marchas. “Tenemos un caso de una familia que cobraba $120.000 y le daban $20.000″, contó.
