Dos semanas después de que el presidente de Chile, Sebastián Piñeyra, lanzara un llamado a la unidad nacional, gobierno y oposición acordaron un plan de 12.000 millones de dólares para la protección social y la reactivación. El paquete de medidas debe ahora ser ratificado por el Congreso.
Los fondos, que se aplicarán hasta en 24 meses, surgen de un fondo extrapresupuestario. Su financiamiento tendrá origen en las transferencias del Tesoro Público como fondos soberanos y mayor endeudamiento público, si este resulta necesario. “Frente al llamado del presidente hemos conciliado las legítimas diferencias por un fin superior: proteger la vida y los medios para la vida de millones de chilenas y chilenos, estableciendo este marco de entendimiento respecto a un plan de emergencia”, indicó el ministro de hacienda, Ignacio Briones.
También se aumentara la cobertura y el monto del Ingreso Familiar de Emergencia, que llegará al 80% de las familias de mayor vulnerabilidad. Adicionalmente se inyectarán recursos a los municipios, organizaciones sociales, a la salud pública, trabajadores independientes y a madres, padres y cuidadores de niños en edad preescolar.
Para potenciar la reactivación económica el plan contempla incrementos temporales del subsidio al empleo. medidas de adaptabilidad y flexibilidad laboral, ayudas a las pequeñas y medianas empresas y una fuerte inversión pública.
