La disputa entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales continúa en el plano judicial. Los equipos jurídicos de la Casa Rosada y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, ultiman detalles en la presentación que harán hoy ante la Corte Suprema de Justicia para defender el DNU que Alberto Fernández firmó la última semana.
Según trascendió, el Gobierno dará una respuesta jurídica, pero la argumentación estará focalizada en lo sanitario.
Ayer, la Corte Suprema se declaró competente para saldar la discusión que se abrió entre el Gobierno porteño y el nacional. Lo que resuelva será definitivo y no tendrá vuelta atrás. Los equipos de Alberto Fernández plantean que se trata de una decisión en el marco de una política sanitaria y no educativa, y porque de lo que la Corte diga puede quedar un precedente a la hora de que las jurisdicciones acaten el DNU.
Al reivindicar la intervención exclusiva de la Corte, el fallo pone virtualmente en entredicho a la medida cautelar dispuesta por una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que el domingo por la noche había dispuesto la continuidad de las clases presenciales.
«Cuando nos preocupamos por educar a nuestros chicos tenemos que preservar la salud de los educadores. Si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y argentinas», cuestionó el jefe de Estado durante un anuncio desde la Casa Rosada.
