La Corte Suprema rechazó ayer citar a la provincia de Buenos Aires en la demanda que presentó el gobierno de la Ciudad para sostener las clases presenciales, tal como había propuesto la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. Además, le dio un plazo de 72 horas a la Procuración General para que opine sobre la constitucionalidad del decreto presidencial que ordenó las restricciones a la circulación hasta el 30 de abril.
La Corte entendió que no se justifica “una comunidad de controversia que habilite la intervención prevista en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y por eso desestimó la “citación obligada de tercero de la Provincia de Buenos Aires allí solicitada”.
En la misma resolución, la Corte le dio traslado a la ciudad de Buenos Aires, por 48 horas, de toda la documentación que presentó el Estado nacional en su última presentación.
De esta forma, el máximo tribunal demora su definición sobre la cuestión de fondo, que es si la Ciudad de Buenos Aires tiene o no potestad para determinar la continuidad de las clases presenciales en contra de lo decretado por el presidente Alberto Fernández.
