Luego de varias versiones que circularon en las últimas horas y medio del intenso debate por la Ley Ómnibus, el Gobierno de Javier Milei informó este lunes, a través del Boletín Oficial que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo estatal encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en Argentina, será intervenido.
En las consideraciones, el gobierno señaló que mediante “el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/20 se modificó la Ley N° 27.078, y se estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.
“Se establece que el ENACOM actuará como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus normas modificatorias y reglamentarias, con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado”, informó el documento.
En la misma línea, continuó: “Los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para sus licenciatarios de servicios TIC, son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Se dispone que los licenciatarios de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
En ese marco, el Gobierno dispuso que se deberá efectuar un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa de dicho ente, a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa, conforme las competencias asignadas por las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus modificatorias, procurando fomentar su profesionalización y eficiencia.
Sobre todo considerado que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, lo que motivó, según argumenta el documento, numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos.
