El Ministerio Público de Costa Rica abrió un expediente contra el presidente Carlos Alvarado por el posible manejo de datos confidenciales de ciudadanos desde una oficina de análisis de datos dependiente de presidencia.
El escándalo, sin precedentes en la historia costarricense que incluyó el allanamiento policial a la sede del ejecutivo y hasta el decomiso del teléfono del presidente, se cobró la renuncia del ministro de la presidencia, Víctor Morales. Ambos, Alvarado y su ex ministro, enfrentan cargos judiciales por la firma de un decreto para formalizar el funcionamiento de la Unidad de Presidencial de Análisis de Datos, derogado horas después.
Los cargos de prevaricato y violación de datos confidenciales que enfrenta Alvarado, de 40 años y en la mitad de su mandato, podrían llevarlo a la cárcel si el Congreso le retirara la inmunidad.
Costa Rica es reconocido por la estabilidad y fortaleza de sus instituciones. Tal es así que el presidente admite la acción judicial como el único camino para disipar las dudas sobr el tema. Asimismo organizaciones empresariales y políticos de la oposición han salido a pedir cordura y permitir que avancen las investigaciones, luego de dos semanas de paralización del Congreso y en medio de una economía en apuros.
