En política nada es gratis. Y algo más importante: nadie olvida nada. Sobre todo si se trata de intereses y de favores. Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación con un respaldo decisivo del PRO, encarnado en las figuras de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ese apoyo se presentó a la sociedad como un acuerdo incondicional. Son expresiones de campaña, que se dejan de lado cuando terminan las elecciones y emergen las discusiones de poder. El Presidente empieza a sentir ese shock de realidad política a medida que avanzan las negociaciones en torno a la Ley Ómnibus. Incluso el PRO, acaso el mayor aliado de La Libertad Avanza, le empezó a marcar la cancha a la gestión libertaria. Este jueves se conoció otro capítulo que da cuenta de esa táctica.
Los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio (JxC) apoyan la mayoría de la mega reforma de 664 artículos, pero hay condiciones (y muchas). La Casa Rosada se muestra inflexible a ceder. Especialmente en el capítulo fiscal. Los mandatarios de la oposición “dialoguista” -a los que Milei los llamaría “la casta”- empiezan a aumentar una especie de operativo presión para forzar modificaciones en el proyecto que se discute en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Es en este contexto político en el que Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ejecuta una jugada medida y que no ignora la coyuntura. Pidió al bloque de diputados del PRO que emita un proyecto de resolución para solicitar a Milei que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le pague lo que le corresponde a los porteños en concepto de coparticipación.
Es un reclamo que denota el malestar de los 10 gobernadores de la UCR y el PRO con el Gobierno. Las provincias consideran que no hay interlocutores válidos de la Nación para avanzar en una mesa de diálogo con las modificaciones que piden aplicar a la Ley Ómnibus. En ese desdén, observan una rigidez del Jefe de Estado a conceder cambios en el apartado fiscal del articulado. Sobre todo en dos puntos: exigen sacar las retenciones a las economías regionales (que afectan intereses provinciales) y generar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impida la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para disponer aumentos por decreto sin aval del Congreso.
También hay matices respecto a las facultades delegadas sin límite de materias y plazos, al tipo de blanqueo contenido en la normativa, a quitar el artículo que restringe al Gobierno la posibilidad de emitir deuda, y las privatizaciones masivas sin consultar al Poder Legislativo. Pero el fondo del planteo se centra en retenciones y jubilaciones. Los gobernadores son renuentes a que Milei concentre el grueso del ajuste fiscal en obtener mayor recaudación por parte de las exportaciones de productos generados en las economías regionales. Así como tampoco están dispuestos a pagar el costo político de que los jubilados no tengan una fórmula de movilidad que evite que pierdan contra la inflación.
El reclamo de CABA por la coparticipación es aparte de la Ley Ómnibus y lo sostiene desde el 2020, cuando Alberto Fernández aplicó un recorte que redujo la coparticipación de la Ciudad de 3,5% a 1,4 por ciento. Horacio Rodríguez Larreta, por entonces alcalde porteño, llevó el litigio a la Corte Suprema. En 2022, el máximo tribunal emitió una medida cautelar en la que hizo lugar a la queja de CABA y ordenó a la Nación a pagar en forma de goteo diario, a través del Banco Nación, el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. La Casa Rosada no sólo no acató el fallo sino que en ese incumplimiento acumuló al día de hoy una deuda por $350 mil millones.
