El Parlamento nicaragüense aprobó este martes la denominada Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo objetivo principal es la criminalización de publicaciones en medios de comunicación independientes y redes sociales de contenido considerado por el Gobierno como falso con penas de cárcel que oscilan entre uno y diez años. La conocida como ley mordaza afecta tanto periodistas como a cualquier persona que realice una publicación en plataformas digitales que el gobierno de Daniel Ortega considere falsa.
“Quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa”, según la nueva normativa.
La ley también impone penas de cárcel a quien o quienes publiquen filtraciones de información del Gobierno, lo que es una práctica normal cuando es el mismo Gobierno el que no informa.
