Danielle McCann, ministra de Educación Superior de la provincia de Quebec (Canadá), anunció a finales de marzo que se va a crear un comité de expertos sobre la libertad académica a fin de lograr que los profesores no se «autocensuren». La iniciativa se enmarca en el hecho de en que muchas casas de altos estudios –no solo canadienses– ha chocado la libertad académica con las reivindicaciones de grupos diversos.
Un caso que marcó el escenario fue el de una profesora de la Universidad de Ottawa que, dentro del marco académico, utilizó un término que la comunidad negra consideró ofensivo y racista. El primer ministro quebequés, François Legault, dio su apoyo a la profesora y publicó en su cuenta de Facebook que: “Un puñado de militantes radicales tratan de censurar ciertas palabras y obras (…) lo que resulta verdaderamente inquietante es que cada vez más individuos se sienten intimidados”. Y agregó: “Estaremos ahí para defenderlas [hechos e ideas]. Lo mismo que para aquellas víctimas de racismo. Deben saber que no dejaremos pasar los comentarios de odio, los actos racistas o la discriminación”.
El comité de expertos propuestos tendrá por finalidad organizar consultas públicas con distintos actores, propondrá una definición de la libertad académica y formulará recomendaciones al Gobierno. El comité está integrado por un vicerrector (que opera como presidente), tres profesores y un estudiante.
Frente al problema de la libertad académica y la ofensa a colectivos minoritarios, las posiciones son dispares. La Federación quebequesa de profesores piden una ley que garantice la libertad académica, engato que la Confederación de Sindicatos Nacionales se opone porque considera así como el gobierno se faculte a orientar la libertad académica, también podrá restringirla.
Por su parte Sandrine Derogues, secretaria general de la Federación de asociaciones estudiantiles de la Universidad de Montreal, es rotunda en su crítica: “En la universidad estamos haciendo un ejercicio de orientación sobre la libertad de expresión y académica en un contexto inclusivo. Creemos que no se puede abordar la libertad académica sin considerar otros elementos y que la intervención gubernamental puede tener un impacto negativo en este esfuerzo interno. Las universidades están en mejor posición de comprender e intervenir”.
Unas semanas antes de la decisión del Gobierno de Quebec, los conservadores británicos, debido a casos similares, presentaron un proyecto que incluye ―entre otras medidas― nombrar a un defensor de la libertad de expresión y académica.
El debate entre lo correcto, lo «políticamente correcto» y la cultura de la cancelación se ha colado, también y fuertemente en los claustros universitarios.
