Según indicó un informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins, el gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″.
Las entidades norteamericanas corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, «podrían considerarse detenciones arbitrarias».
La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.
Human Rights Watch cuestionó que el gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica».
