Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la sentencia firme por defraudación a la administración pública.
El pedido incluye propiedades, vehículos y fondos en cuentas bancarias, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
🏠 ¿Qué bienes buscan decomisar?
Según el planteo de los fiscales, el listado incluye:
- 141 inmuebles
- 13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner
- 128 vinculados a sociedades relacionadas con Lázaro Báez
- 46 automotores
- US$ 4.664.000 de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
- US$ 992.134 depositados en una cuenta del Banco Galicia
- $53.280,24 en moneda local
El decomiso es una herramienta legal que permite al Estado apropiarse de bienes obtenidos o vinculados a delitos, especialmente cuando existe una sentencia firme.
💰 La cifra clave: más de $684.990 millones
Los fiscales recordaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86, monto fijado como reparación por la defraudación considerada “colosal” contra la administración pública.
Según señalaron, el plazo para el pago venció hace meses y no se habría depositado “ni un solo peso”.
Desde la fiscalía sostienen que existe una dilación en el recupero de activos ordenado judicialmente y que la resistencia al cumplimiento constituye una afrenta a la sentencia firme.
⚖️ ¿Qué implica el pedido?
El Tribunal deberá analizar el planteo y definir si avanza con el decomiso total o parcial de los bienes señalados.
En términos jurídicos, el decomiso no es una nueva condena, sino la ejecución patrimonial de una sentencia ya firme. Es decir, forma parte del cumplimiento efectivo del fallo.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate el alcance real de las condenas por corrupción y la capacidad del Estado para recuperar activos en causas de alto impacto político y económico.
En Argentina, la discusión sobre decomisos millonarios no es solo técnica: es también simbólica. Porque cuando el monto supera los 600 mil millones de pesos, el interrogante deja de ser abstracto y pasa a ser concreto: ¿puede el Estado recuperar efectivamente esos recursos?
La respuesta ya no es política. Es procesal, patrimonial y profundamente institucional.
