La investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un giro clave: la Fiscalía Federal recibió medio centenar de audios que serían del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, principal apuntado en la causa.
💽 El origen de los audios
- Los archivos fueron entregados en un pendrive por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi.
- Federico relató que recibió el material el 16 de agosto y que difundió el primero de los audios días después en su canal de streaming.
- La Justicia sostiene que los registros habrían sido grabados entre agosto y octubre de 2024.
👨⚖️ Avances judiciales
- Spagnuolo ya designó como abogados defensores a Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.
- El fiscal Picardi, junto al juez federal Sebastián Casanello, avanza en la pericia de los audios y de los celulares secuestrados, incluido el del propio exfuncionario.
- También se investigan los teléfonos de otros involucrados, entre ellos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina.
💊 El foco de la investigación
En las grabaciones se escucha supuestamente a Spagnuolo hablar sobre:
- Porcentajes exigidos por representantes de Suizo Argentina a laboratorios, con el fin de redirigirlos como sobornos a funcionarios del Gobierno.
- Posibles sobreprecios en la compra de medicación, maniobra que podría haber servido para encubrir esas coimas.
📂 Antecedentes
- Entre agosto y octubre de 2024 ya se había presentado en Comodoro Py una denuncia por irregularidades en la compra de fármacos en Andis, aunque fue archivada por falta de pruebas.
- Con los nuevos audios y las pruebas incautadas en allanamientos a dos sedes de la agencia, la causa volvió a cobrar fuerza.
🚨 Qué viene ahora
La Justicia debe:
- Ordenar el análisis forense completo de los celulares incautados.
- Contrastar los audios con los expedientes de compras y órdenes de pago.
- Determinar si existieron sobornos y responsabilidades penales dentro de la estructura de Andis.
📌 Este caso ya es visto como uno de los escándalos de corrupción más sensibles del Gobierno, no solo por el presunto pago de coimas, sino porque involucra fondos destinados a personas con discapacidad, un sector altamente vulnerable.
