La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno nacional abrió el primer conflicto político de peso con el PRO y encendió el debate sobre los límites del Estado en la comunicación pública. La encargada de marcar una postura firme fue Laura Alonso, legisladora porteña y ex vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien salió al cruce de la iniciativa con un mensaje contundente en defensa de la libertad de expresión.
La ex funcionaria de Jorge Macri trazó un límite claro a la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. “Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”, afirmó, en una crítica directa al espíritu de la nueva oficina.
📢 A través de sus redes sociales, Alonso sostuvo que “la libertad de expresión es el corazón de la democracia” y subrayó que el debate público constituye su esencia. En contraposición a la postura oficial, que plantea la necesidad de “desenmascarar operaciones”, la legisladora advirtió que la exposición a críticas, incluso injustas o falsas, es parte inherente de la función pública.
🧠 “Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”, explicó, reforzando la idea de que la respuesta política no debe canalizarse desde una estructura estatal dedicada a fijar versiones oficiales.
⚠️ En una advertencia directa sobre el uso de recursos públicos para la llamada “batalla cultural”, Alonso fue tajante: “Jamás usar el aparato estatal para imponer la ‘verdad oficial’”. La frase resonó fuerte dentro del PRO y dejó en evidencia el malestar por una iniciativa que, según este sector, puede derivar en una forma de control del discurso público.
🧩 Finalmente, la legisladora relativizó la trascendencia de la nueva dependencia con una ironía que cerró su posicionamiento político: “Esperemos que esta ‘oficina’ se agote en un olvidable mensaje de X”. La declaración no solo marcó distancia con el Gobierno nacional, sino que dejó planteado un debate de fondo sobre los límites entre comunicación institucional, propaganda y libertad de expresión en la democracia argentina.
