En medio de las protestas y asambleas impulsadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con Libres del Sur y otras organizaciones piqueteras, el Gobierno nacional ratificó que no abrirá ningún canal de diálogo con esos sectores, pese al conflicto generado por la baja de salarios sociales.
Desde la Casa Rosada sostienen que la postura está definida y que no habrá cambios, aun cuando las organizaciones ya pusieron en marcha un nuevo plan de lucha. Según dejaron trascender desde el oficialismo, la conversación con los movimientos sociales está completamente cerrada.
La tensión se profundizó luego de las acciones realizadas este martes en distintas estaciones de trenes del área metropolitana de Buenos Aires. Las medidas de protesta continuarán el próximo 7 de abril con una jornada nacional de cortes y ollas populares en distintos puntos del país, en rechazo a la decisión del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, de dar de baja 900 mil salarios sociales.
📉 Reclamo por la quita de $78.000 a trabajadores de la economía popular
Desde las organizaciones sociales advierten que la medida tendrá un fuerte impacto en los sectores más vulnerables. La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, cuestionó con dureza la decisión oficial y aseguró que representa un golpe directo contra los trabajadores de menores ingresos.
Según plantean desde ese espacio, la eliminación de estos ingresos no solo afecta a quienes dejarán de percibir los $78.000 mensuales, sino también a las economías barriales. Argumentan que ese dinero circulaba de forma inmediata en comercios de cercanía, almacenes, kioscos y mercados locales, por lo que la quita también repercutirá en la actividad cotidiana de los barrios populares.
🚆 Protestas en trenes y cortes en todo el país
El conflicto escaló esta semana con protestas en estaciones ferroviarias del AMBA, en una demostración de fuerza de las organizaciones sociales frente al endurecimiento de la postura oficial. Lejos de retroceder, los movimientos anunciaron que las medidas seguirán en aumento.
La próxima gran fecha marcada en el calendario será el 7 de abril, cuando se realizará una jornada nacional de cortes y ollas populares. El objetivo de las organizaciones es visibilizar el impacto social de la decisión y presionar para que el Gobierno revierta la baja de los salarios sociales.
🏡 Marcha frente al country donde vive Manuel Adorni
En paralelo, la UTEP también llevó adelante una manifestación en el ingreso al country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene una propiedad. La protesta generó malestar entre vecinos del barrio privado, que expresaron su rechazo a la movilización a través de un grupo interno de mensajería.
La acción sumó un nuevo foco de tensión política y mostró que las organizaciones buscan trasladar el reclamo a lugares de alto impacto simbólico, apuntando de forma directa contra funcionarios del Gobierno nacional.
⚠️ Un conflicto social sin canales de negociación
Con esta definición oficial, el escenario aparece cada vez más polarizado. Mientras las organizaciones sociales profundizan su plan de lucha, el Gobierno mantiene una línea dura y descarta cualquier negociación.
La falta de diálogo, sumada al recorte de ingresos en sectores de alta vulnerabilidad, anticipa una escalada del conflicto en las próximas semanas. En ese contexto, el 7 de abril asoma como una fecha clave para medir el alcance de la protesta y la capacidad de presión de los movimientos sociales frente a una administración que, por ahora, no muestra intención de ceder.
