El Gobierno nacional publicó este viernes el protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un extenso texto de más de 100 páginas en el que se explican los derechos y obligaciones de los pacientes, médicos e instituciones de la salud.
El «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo» señala que «todo el personal de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho» de quienes quieran acceder a esa práctica.
Además, «para garantizar la privacidad» de los pacientes, «el equipo de atención debe asegurar la creación y preservación de un ambiente de confianza e intimidad durante todo el proceso» y no difundir «la información solicitada y toda aquella que se consigne en la historia clínica».
El referido protocolo tiene «como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud brindándoles un marco regulatorio y pautas clínicas para la atención precisa y clara que les permita desarrollar la interrupción del embarazo contemplado en el sistema normativo argentino, alcanzando los más altos estándares de atención».
«Debe asegurarse la capacitación a todo el personal de la institución para que conozca su responsabilidad de respetar la privacidad de las personas usuarias y mantener la confidencialidad de la información sobre la atención de la interrupción del embarazo», señala la resolución 1535/2021, publicada en el Boletín Oficial.
El protocolo reitera que «las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo (IVE) hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional sin explicitar los motivos de su decisión».
