sábado, 28 enero, 2023

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“Para nosotros está comprobada la asociación ilícita. Y vamos a apelar. Queremos revertir esa mirada que se instaló en tribunales de que en las causas de corrupción no aplica la asociación ilícita”. Así se lo adelantó a Infobae Diego Luciani, el fiscal que pidió 12 años de condena a Cristina Kirchner y que ahora apelará la decisión tomada este martes por el Tribunal Oral Federal 2 que impuso una pena a la vicepresidenta sólo por defraudación al Estado y no por ser la jefa de una banda. Además, el fiscal Luciani adelantó que también buscará revertir la absolución del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Es que, según dijo el fiscal, le resulta “ilógico” que el responsable del Ministerio no haya sido alcanzado por las condenas. “¿Cómo puede ser que Cristina Kirchner formó parte y que José Lopez, secretario de Obras Públicas, formó parte y que De Vido no esté cuando el Tribunal entiende que hubo una colosal maniobra?”, se preguntó. “En nuestro alegato nosotros hemos demostrado que acá hubo una verticalidad a la hora de favorecer a Lázaro Báez”.

Habrá que esperar, no obstante, hasta marzo para conocer los fundamentos concretos de los jueces Jorge Gorini, Rodrígo Giménez Uriburu y Andres Basso. Este último se inclinó por el criterio de la fiscalía al avalar que existió la asociación ilícita. Pero el Ministerio Público ya está preparando sus propios argumentos, en base a lo que ya se plasmó en el alegato.

“Vamos a buscar que revertir que ese criterio instalado con el fallo Stancanelli de la Corte menemista que habló de la asociación ilícita en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y que tomó un liderazgo para que no se aplique esa figura en los casos de corrupción. Entendemos que ese delito no sólo vale para las causas de secuestros, drogas o evasiones sino también para los delitos de la administración pública. Ese es el nudo de la cuestión”, afirmó Luciani en diálogo con Infobae horas después de la sentencia.

Para el Ministerio Público, está claro “cómo funcionó el sistema de corrupción más grave que se haya verificado en la historia de nuestro país, en el que se avasallaron groseramente los principios de la contratación pública (igualdad de trato, competencia, concurrencia, publicidad y transparencia, entre otros) y que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas nocivas hasta el día de hoy”. Y reforzó que, a su criterio, las pruebas expuestas en el juicio “confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina” e “interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”.

Apenas se conoció el veredicto, los fiscales Luciani y Sergio Mola difundieron un comunicado a través de la página de noticias de la Procuración General en donde se sostuvo: “la sociedad puede estar tranquila de que estos fiscales vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso y no vamos a renunciar a nuestros principios y convicciones”.

“Tampoco nos van a doblegar las presiones, amenazas u operaciones externas –de otros poderes del Estado o de cualquier persona– que estén en pugna con los valores que dan sustento a una república democrática, o con el juramento primordial de respetar la Constitución Nacional que prestamos al asumir nuestro cargo”, se advirtió.