miércoles, 20 mayo, 2026

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La Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá este miércoles un proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de subsidios de Zonas Frías y focalizar los beneficios únicamente en sectores vulnerables y regiones históricamente alcanzadas por el esquema.

La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría y busca reorganizar el financiamiento energético, fortalecer la segmentación de subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen aprobada en 2021.

Quiénes mantendrán los subsidios 💡

Según el proyecto, los beneficios quedarán dirigidos exclusivamente a usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El padrón contemplará:

  • hogares con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales
  • beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares
  • titulares de Pensiones Vitalicias para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
  • hogares con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Evaluarán casos de discapacidad 🩺

En relación con las personas con discapacidad, el texto establece que la Secretaría de Energía de Argentina deberá analizar en cada caso si la situación reflejada en el CUD implica una necesidad económica especial para afrontar el pago de servicios energéticos.

Qué regiones seguirán dentro del régimen 🌨️

La propuesta redefine además las zonas alcanzadas por el beneficio y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas dentro del esquema de Zona Fría.

Entre ellas aparecen:

  • la Patagonia
  • Malargüe
  • la región de la Puna

El proyecto también incorpora dentro del sistema subsidiado:

  • cilindros de gas
  • garrafas
  • gas propano a granel

El Gobierno cuestiona la ampliación de 2021 📉

Desde el oficialismo sostienen que la ampliación del régimen aprobada en 2021 provocó que casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red quedaran alcanzados por subsidios.

Según argumentan, eso derivó en la incorporación de hogares con alto poder adquisitivo o que no cumplían criterios de vulnerabilidad económica, generando desequilibrios en el sistema de financiamiento energético.