Unas horas antes de que venza el plazo, el Gobierno nacional entregó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sus argumentos para suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires con el objetivo de reducir la circulación de personas ante el avance de la segunda ola de coronavirus.
El escrito del Procurador General del Tesoro Carlos Zannini tiene una extensión de 113 páginas y habla de la necesidad de “proteger la vida y la salud pública”. A su vez, cuestiona al gobierno de Rodríguez Larreta por no haber acatado las medidas dispuestas por el Ejecutivo nacional y pide que se convoque a la gestión de Axel Kicillof como parte involucrada ya que las decisiones de la Ciudad afectan al conurbano bonaerense.
El documento no solo expuso argumentos jurídicos sino sanitarios, siempre enfocados en la necesidad de reducir la cantidad de personas que se encuentran en la calle. A partir de hoy, el máximo tribunal de Justicia queda habilitado para resolver sobre la cuestión.
“La restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases”, señala un tramo del escrito de 113 hojas.
