La Iglesia católica se ha visto sumida, hace pocos años, en grandes escándalos por abuso infantil. Para lavar una imagen deteriorada, el año pasado se llevó a cabo una gran cumbre en el Vaticano para fijar las bases de la protección a menores. También hubo documentos papales y hasta castigos ejemplificadores. Sin embargo la política de la Santa Sede no termina de ser estricta y definida en caso de mandatarios eclesiásticos acusados de abuso.
A la espera de un proceso canónico tutelado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y de un juicio en Argentina por «abuso sexual simple continuado y agravado por ser cometido por un ministro de un culto religioso», Gustavo Zanchetta, ex obispo de Orán (Salta), fue readmitido en su puesto en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
La acusación por tocamientos realizados a dos seminaristas, está avalada por alrededor de veinte testigos que fueron citados por la fiscalía. Los testigos también serían seminaristas que cursaban los estudios para el sacerdocio en la misma época que los denunciantes. La denuncia contra el obispo Zanchetta se presentó en 2016 pero recién salió a la luz dos años después cuando el religioso renunció a su cargo de forma intempestiva, en un rápido trámite aprobado por el Vaticano y sin la tradicional misa de despedida.
Zanchetta también está involucrado en una investigación por supuesta estafa y administración fraudulenta que llevó al registro de la sede del Obispado de Orán en noviembre de 2019.
A pesar de estos antecedentes, el Papa Francisco lo llevó al Vaticano a finales de 2017. Si bien en un principio el Santo padre no admitió los cargos que pesaban contra el religioso aseguró que se trataban de asuntos de mala relación con sus subordinados, luego de leer la investigación propició que se abriese un proceso canónico en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Zanchetta regresó a Argentina para declarar ante la justicia y el fiscal pidió que se le retrase el pasaporte por el riesgo de fuga. El pedido del fiscal fue contestado por el sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, Edgar Peña Parra, con un documento en el que se pedía su regreso para incorporarse a su puesto en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Puesto del que, según la versión vaticana, había sido apartado cuando se inició el proceso canónico.
El prelado imputado e investigado fue subsecretario de la Conferencia Episcopal Argentina cuando era presidida por el cardenal Bergoglio y obispo en Orán entre 2013 y 2017.
El tratamiento diferencial aplicado a este obispo contrasta con otros casos similares en los que el Papa actuó con firmeza y expeditivamente apartando a los supuestos implicados de delitos. Hace poco cinco empleados de la secretaría de Estado fueron desafectados aún antes de que se iniciara el proceso en su contra, implicados en el último escándalo financiero-inmobiliario que sacude a la Santa Sede.
