En Israel entró en vigor la Ley de Prohibición de la Prostitución que, entre otras disposiciones, pena con una multa de 2.000 shequels (algo más de 500 dólares) a clientes de la prostitución y la sanción se duplica si la policía sorprende nuevamente al individuo solicitando o practicando sexo por dinero. Además el sujeto queda expuesto a ser denunciado como autor de un delito.
La Ley entró en vigor un año y medio después de haber sido aprobada por el Parlanento israelí (Kneset) y tras 11 años de debates y proyectos fallidos. Con esta norma Isreael ingresa al grupo de una decena de países – encabezados por Suecia – que persiguen a los clientes habituales de la prostitución. La ley también contempla un programas de ayuda y rehabilitación.
“El Estado declara que utilizar a las mujeres para la prostitución ya no es aceptable”, aseveró Ayelet Dayan, directora del Grupo de Trabajo sobre Trata y Prostitución, y aseguró que ya se ha producido una reducción perceptible de la demanda de sexo en burdeles, saunas o bares de alterne.
La Kneset aprobó una partida de 90 millones de shequels (23 millones de euros) para programas de rehabilitación y centros de acogida, pero el Gobierno solo gastó un tercio de los 30 millones de shequels presupuestados en 2019. “Muchas más prostitutas buscan ahora ayuda durante la pandemia, que ha forzado la caída de sus ingresos desde hace más de tres meses aunque la estructuras sociales no han sido desarrolladas”, informó Dayan.
El Ministerio de Bienestar Social estima que unas 14.000 mujeres (3.000 menores de edad), entre las que existe una elevada presencia de emigrantes de países del Este de Europa, ejercen la prostitución. El 71% de ellas reconoce que se ve obligada a vender su cuerpo para sobrevivir económicamente y el 76% afirma que dejaría de prostituirse si tuviera otra alternativa para ganarse la vida.
Si bien el Ministerio de Seguridad Pública era partidario de demorar otros seis meses la aplicación de la prohibición, el Departamento de Justicia estableció la entrada en vigor desde el pasado viernes. El objetivo de la nueva norma es reducir la demanda – en Suecia cayó a la mitad desde 1999 –, ofrecer formación y empleo alternativo a las prostitutas y rehabilitar a los clientes del sexo de pago.
