La CGT decidió finalmente postergar el debate sobre los próximos pasos de su ofensiva contra Javier Milei y priorizará esta semana la presión sobre los diputados para frenar distintos artículos de la ley ómnibus que causan preocupación en el sindicalismo, como las facultades delegadas, el agravamiento de las sanciones contra las protestas sociales y la privatización de las empresas públicas.
“Ahora estamos concentrados en hablar con los diputados para garantizar que no se aprueben algunos puntos, aunque admitimos que esta es una versión muy limitada de la ley respecto del texto original del Gobierno”, afirmó un integrante de la cúpula cegetista, que también anticipó: “Lo más probable es que nos reunamos la semana que viene para definir cómo seguirá el plan de lucha”.
El lobby sindical será determinante para revisar algunos artículos en medio de una semana decisiva para la suerte de la Ley Ómnibus: este martes habrá reunión de labor parlamentaria en la Cámara de Diputados y para el miércoles está prevista la sesión para debatir la iniciativa que quiere Milei.
Como anticipó este medio, de los 664 artículos que originalmente tenía la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió a fines de diciembre al Congreso, quedaron finalmente 386. Además de eliminar las decenas de artículos que tenían que ver con las cuestiones económicas -moratoria, aumentos de impuestos, retenciones, reforma previsional- y electorales, el Gobierno también hizo cambios clave en el articulado sobre temas específicos que pidieron los bloques legislativos dialoguistas, como modificaciones en las facultades delegadas y en los biocombustibles, además de un pulido del articulado referido a los controles a los piquetes y en el ítem que contempla el cierre del INADI.
Para la CGT, las concesiones de Milei en la Ley Ómnibus responden al “éxito” del paro con movilización del miércoles pasado que, a juicio de sus dirigentes, potenció el clima adverso en distintos sectores de la sociedad hacia los cambios propuestos por el oficialismo a través del DNU 70 y la ley. En el grupo de WhatsApp de la cúpula de la CGT incluso hay dirigentes que atribuyen a la medida de fuerza la decisión presidencial de haberloechado a Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura.
La CGT también interpreta como un triunfo propio las modificaciones en la normativa que impulsa el Gobierno porque implican la eliminación del Impuesto a las Ganancias, uno de sus clásicos reclamos que llevó adelante Sergio Massa y que, si se aprobaba, hubiera implicado que 800 mil trabajadores volvieran a pagarlo.
