Legisladores oficialistas que componen la «Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de Código Procesal Penal Federal» forzaron la entrada en vigor de seis artículos que benefician a los funcionaros del anterior gobierno kirchneristaa condenados en causas de corrupción.
Esta decisión –publicada en el Boletín Oficial– permite revisar condenas, modifican el concepto de «condena firme» y autorizan a esperar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de empezar a cumplir la pena de cárcel. Aplica a delitos federales: corrupción, narcotráfico, tráfico de armas o secuestro.
Hasta ahora se consideraba firme una condena de un Tribunal Oral Federal cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazaba un recurso extraordinario del condenado para ir a la Corte y a partir de ese momento el condenado debía cumplir la pena de prisión efectiva que se le hubiere dictado. Según el nuevo articulado, la pena no se aplica hasta que se tramiten todas las apelaciones, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
