Cuando faltan apenas seis meses para las elecciones presidenciales, con 65 votos a fovor, 36 votos en contra y 24 abstenciones, el Congreso de Perú cerró el debate por la destitución del presidente Martín Vizcarra. El Congreso debe convocar a un nuevo pleno cuando se debatirá la cuestión de la destitución, pero debe darle 60 minutos al presidente Vizcarra para ejercer su defensa.
La propuesta para destituir al mandatario, por incapacidad legal permanente, surge luego de que un congresista presentase tres audios de conversaciones -grabadas sin permiso de los interlocutores- acerca de un amigo del jefe de Estado que fue beneficiado con nueve contratos estatales de charlas y consultorías por casi 50.000 dólares.
Edgar Alarcón, el parlamentario que entregó las grabaciones, fue denunciado por la fiscalía del país en el mes de julio por por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso durante su ejercicio como contralor de la república entre 2016 y 2017. Alarcón es congresista por el partido Unión por el Perú, liderado por Antauro Humala, un político y exmilitar preso por encabezar una revuelta que terminó con el homicidio de cuatro policías en 2005.
La noche del jueves, en un mensaje transmitido en vivo, Vizcarra rechazó las maniobras del Congreso. “No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución, una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones.
El enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo no es nuevo. El Parlamento, dominado por mayoría opositora tiene frenados proyectos que el Ejecutivo considera fundamentales, como la reforma política para evitar candidaturas de personas que usan la política para blindarse de investigaciones y procesos judiciales o para defender los intereses de la corrupción y las mafias.
