Si se habló o no se habló es secundario. Mauricio Macri ya había tomado una decisión polémica al degradar el ministerio de Salud a secretaría, con la promesa de que Adolfo Rubinstein seguiría teniendo poder sobre las decisiones de salud pública. Claramente no fue ni es así.
La actualización del Protocolo sobre la interrupción legal del aborto no es la legalización del aborto, es reglamentar un artículo vigente y una urgencia de niñas menores violadas y abusadas o que no quieren continuar con un embarazo y no tienen tiempo para internas. La orden de la Corte fue clara, las provincias debían elaborar un protocolo, pero al día de hoy 7 distritos todavía no lo hicieron. El texto de Rubinstein, que debió haber llegado antes, reglamenta lo ordenado por la Corte a nivel nacional, para que ningún juez tenga excusas que dilaten el drama de una menor en una situación que requiere celeridad.
Ahora, que el Presidente haya decidido derogarlo por decreto, porque no lo consultó, no sólo es penoso, sino que muestra el descontrol del final del Gobierno, porque para que el texto haya llegado a publicarse en el Boletín Oficial, siendo una secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social, alguno de sus funcionarios debería haberlo visto.
Y lo más preocupante, el descontrol no fue sólo legal o técnico de una política de salud del Gobierno, sino que sobre todo es político. Difícil para un dirigente que pretende ser el líder indiscutido de la oposición a partir del 11 de diciembre.
